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Embargos de dineros en establecimientos de crédito: Un efecto dominó.

Todos los abogados lo hemos vivido, sea como apoderados de una parte o abogados in-house de una entidad vigilada por la Superfinanciera o de otra entidad que capte recursos del público vigilada por otra superintendencia:

Un juzgado emite una orden de embargo por una suma concreta de dinero, por ejemplo 200 millones de pesos, y como no sabe en qué entidad financiera estará ese dinero depositado o “guardado” dirige el oficio de embargo a solicitud del demandante a los más de 20 bancos, 10 Compañías de Financiamiento y/o más de 20 Fiduciarias que administran Fondos de Inversión Colectiva en Colombia, los cuales, juiciosamente, dan cumplimiento al artículo 593 numeral 10 del Código General del Proceso (sí, el que habla del embargo de sumas de dinero depositadas en bancos o “similares”) y el que indica que lo embargado debe ponerse a disposición del juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes al recibo de la comunicación so pena de ser sujeto de multas de 2 a 5 salarios mensuales y sanciones[1], incluso de carácter penal, para los funcionarios de esas entidades.

Hasta acá todo perfecto: es apenas lógico que se logre impedir la disposición de recursos del deudor con el fin de que la sentencia sea eficaz en cuanto a obtener una suma de dinero al final del proceso. Sin embargo, pasan dos cosas donde es posible hacer ajustes en aras de lograr eficiencias acordes, no solo con la tecnología del siglo XXI, sino más justas con los usuarios de la administración de justicia… incluso para los deudores que aún no han sido vencidos en juicio:

Primero. En el caso de los embargos judiciales, los dineros que están embargados (lo cual sucede, según el mismo artículo 593, desde la recepción del oficio por la entidad vigilada) deben consignarse a órdenes del juzgado en el Banco Agrario[2] y constituir con ellos un depósito judicial[3]. Muchos sabemos lo que significa esto: los dineros depositados judicialmente en el Banco Agrario no generan intereses a favor del deudor que es propietario al final de cuentas de ellos, los tiempos que se toman para recuperar esas sumas al final del proceso (si es que el deudor no es vencido en juicio o si constituye una póliza judicial para lograr el levantamiento del embargo) son largos, etc.

Con la tecnología actual esos dineros embargados podrían quedar “bloqueados” en las mismas entidades vigiladas en donde quedaron embargados, lo que permitiría generar intereses a favor del titular deudor y el tiempo de devolución al deudor sería cero ya que no habría movimientos de recursos desde la vigilada al Banco Agrario. Sin embargo, es poco probable que esta propuesta coja fuerza: es un monto muy importante de recursos a poco costo. Para hacerse una idea, de los 17 billones de pesos depositados en el Banco Agrario a 31 de diciembre de 2020, 7 billones correspondían a depósitos judiciales y otros[4]. Un 43% aproximadamente.

Segundo. Este es el interesante: si el mismo embargo por $200 millones llega a varias entidades vigiladas donde el deudor embargado tiene productos que superan esa suma, cada una de esas entidades va a embargar las sumas de dinero por ese monto y probablemente enviarlas al Banco Agrario. El problema es claro: un embargo de $200 millones de pesos que se radique en varios bancos y en donde al menos cuatro de ellos tengan saldos depositados por más de 200 millones termina multiplicándose y generando varios embargos que sumados superan el monto que se pretendía embargar (en este ejemplo, habría embargos por $800 millones), bloqueando además la liquidez del deudor a niveles absurdos, pues ninguna entidad le va a dejar disponer de esos dineros.

Para que el deudor solucione este problema tiene dos opciones:

Conseguir una certificación del primer banco que hizo el embargo y allegarla a los otros bancos para que estos no hagan esos otros embargos y/o le permitan disponer libremente de los recursos que tiene depositados en ellos. El problema es que las otras entidades suelen no creer en una simple certificación por más que esté impresa a color y firmada, entre otras cosas por el riesgo de que sea falsa y puedan incurrir en delitos contra la administración de justicia o de sanciones por la superintendencia que los vigila, así que no sirven de mucho. Recordemos: para ese momento no hay una orden u oficio de desembargo, luego el banco que levante el embargo o no envíe los recursos al Banco Agrario dentro de los tres días estaría incumpliendo una norma de orden público.

La segunda opción es la lógica: lograr una orden de desembargo emitida por el juez que generó el embargo y allegarla a los otros tres de los cuatro bancos que recibieron el embargo. El problema es simple: los tiempos pueden ser largos en un proceso judicial en Colombia, por lo que lograr un desembargo no será rápido y mientras tanto la liquidez del deudor se ve afectada a la “N” potencia.

¿Hay otras soluciones? Claro que las hay, son simples, y solo requieren de sentido común, algo de voluntad y un poco de visión práctica: ¿por qué no crear un registro de embargos de dineros? La tecnología “blockchain” de la que ahora se habla puede ser de gran utilidad para esto, si bien no es absolutamente necesaria, de manera que el primer banco que haga el embargo lo inscriba en algún registro público como los que ya existen en la Rama Judicial (ej. para emplazados, procesos de sucesión, de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos), haga el depósito en el Banco Agrario en el término de ley, y las demás entidades financieras, y otras que captan recursos del público, lo puedan consultar para así no tener que repetirlo. Ese registro incluso podría no ser de acceso al público en general para no afectar la finalidad de las medidas cautelares en sí sino solo para entidades que captan recursos del público.

Con esto solucionaríamos algo en donde el derecho de acción termina convirtiéndose en un abuso, no por acción del demandante que embarga, sino por un diseño errático del trámite procesal cuando pasa al mundo sustancial.

 

Área Bancario y Financiero

César Augusto Rodríguez Martínez
Socio

 

 

[1] Circular Básica Jurídica en su Parte I, Título IV, Capítulo I de la Superintendencia Financiera de Colombia.

[2] Quien tiene esta función desde el decreto 2419 de 1999 en reemplazo de la extinta Caja Agraria.

[3] Quien quiera profundizar los fundamentos de esto puede revisar la ley 66 de 1993, la ley 270/96, la sentencia C-119/06, la ley 1285/09, la ley 1743/14 y el decreto 272/15.

[4] https://www.bancoagrario.gov.co/RelacionAccionistas/Paginas/ResultadosFinancieros.aspx   Ver nota 22.

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